MENORES ENCARCELADOS (y III): LA CORRUPCIÓN

www.viahipatia.es

CRÓNICAS HIPATIA

Autor: Departamento Investigación Hipatia

Imagen: Sin fuente conocida, febrero 2025

Fuente: LE MONDE DIPLOMATIQUE (LMD), Mayo 2025: "Jóvenes entre rejas" por Sophie Bourlet

MENORES ENCARCELADOS (y III): LA CORRUPCIÓN

Para terminar con esta trilogía sobre la justicia francesa, respecto de la delincuencia infantil y juvenil, el estudio de Sophie Bourlet (LMD, mayo 2025) señala algunos casos extremos que se han dado en determinados centros de menores: el centro de Chutes-Lavie (Marsella) ha sufrido "cambios de dirección [continuos] y cierres administrativos", y existen "sospechas de malos tratos y malversación de fondos", según datos de 2017; el centro de Souppes-sur-Loing (Sena y Marne), se cerró provisionalmente y despidieron a "dos educadores [en 2023] por presuntos actos de violencia" denunciados; asimismo, el Tribunal de Cuentas ha informado de "importantes fenómenos de violencia" que han provocado "cierres temporales" y también "definitivos de determinadas estructuras(1)". 

Durante el período 2014-2021 se cerraron 14 centros, calificados como CEF, temporalmente, siendo 9 de ellos acusados de vulneración de los derechos de los internos. Y al CEF de Dreux se le canceló la licencia de forma definitiva. 

Ante tales situaciones, es difícil suponer que el caos sometido a otro caos pueda dar lugar a circunstancias favorables a la reinserción del individuo. Es decir, parece ser, según la información obtenida, que el caos personal de los jóvenes (falta de afecto, falta de referencias morales y éticas, baja autoestima, grado de temor --o pánico-- ante la sociedad; esperanzas y confianzas aturdidas, trastornadas, atropelladas...) se incrementa con el caos existente en la institución que debe ayudarle a reponerse y adaptarse. No puede el chaval, por tanto, tener  fuerzas suficientes para enfrentarse a la realidad, perseguir unos futuribles o prepararse a pesar de sus heridas. 

La información de Bourlet nos señala que los jóvenes llegan a los centros en una situación física de claro menoscabo. Según la PJJ (2), la mayoría de menores pertenecen a clases sociales trabajadoras sin cualificación o sin trabajos estables ni circunstancias socioeconómicas favorables o adecuadas, siendo su vida en general de extrema precariedad. Estos jóvenes, además, suelen estar "alejados [...] de la atención médica", lo que aumenta el deterioro de su salud, muchas veces ya dañada por "óxido nitroso, alcohol, cannabis..." (3).

En consecuencia, daría la sensación de que el Estado se limita a instrumentar moderadamente lo establecido por la ley, sin adecuar suficientemente las estructuras de dicha instrumentalización. Cualquier ley, para ser eficiente y eficaz mínimamente, debe ser acogida por la Administración Pública (los consejos ejecutivos pertinentes: gobierno estatal, gobiernos provinciales, regionales o similares: en el caso de Francia, hablamos del Estado y de sus Departamentos; en el caso de España, tendríamos el Estado, los gobiernos autonómicos, los consejos de las diputaciones y los gobiernos municipales). Esta recepción implica establecer toda una planificación (planes, programas y proyectos). Y esta tarea de planeamiento, para aplicar la ley, da lugar a cierta estructura mínima: un motivo y un objetivo; una necesidad de infraestructura y de personal; un coste necesario para cumplir con lo requerido(un presupuesto de gastos e inversiones); y, finalmente, conocer de las fuentes de financiación imprescindibles. 

En la práctica, en el caso concreto de Francia, y el caso general en España, sugiere que las administraciones públicas elaboran unos planes, constituyen unas oficinas y contratan un personal, cons sus páginas web y algunas veces su publicitación oficial, para que el ciudadano entienda que los gobiernos cumplen con su cometido. Sin embargo, al no dotar suficientemente a las oficinas, gabinetes o similares de lo establecido legalmente, todo cae en agua de borrajas, sin que lo escrito en la ley sirva de algo. En definitiva, el legislador puede tener buena intención, pero inútil resulta si la instrumentalización de los legislado no llega a producirse. En estos casos es cuando puede claramente hablarse de una estafa al ciudadano; y en especial a los derechos de aquellos que más lo necesitan, de aquellos que, según la norma, son los usuarios, o deberían serlo, de lo legislado. Este tipo de políticas o conductas de las administraciones públicas sugiere que se derrocha trabajo en el estudio y redacción en los parlamentos, pues muy poco de lo que se escribe luego es respetado y aplicado según las motivaciones de la norma. Aquí, la democracia, se resiente, se enferma; no progresa. 

(1) Habría que traducir el eufemismo de "estructuras" por el de centros de internamiento de menores. En cuanto al maltrato al residente, Bourlet refiere una declaración de Dominique Simonnot (Controladora Gral. de los Centros de Privación de Libertad), en la que manifiesta que unos "educadores atrapaban a los jóvenes con un lazo", como si de animales se tratara. Dichos educadores manifestaron en su defensa que "trabajaban [hasta] 70 horas semanales" y que esto había provocado que se les cruzaran los cables; o sea, el distrés había caído ya en picado, sin ser capaces de controlar sus conductas. 

(2) Servicio Judicial para la Protección de la Juventud. París.

(3) Profesional anónimo del servicio de salud de un EPM.

Fuente imagen: desconocida (febrero 2025)

Las actividades del Centro Intercultural Hipatia son apoyadas por la Fundación Guillem Cifre de Colonya Caixa Pollença y el Consell de Mallorca.