FALACIAS COMUNICATIVAS

Texto: M. Palou-Bosch

Imagen: Titular reportaje sobre el trabajo en Baleares. Ultima Hora, 15/02/2026, Palma, sección Local. (Foto: Hipatia C.I.)

Fuentes:

(1) ULTIMA HORA, 15/02/2026, Palma de Mallorca, sección Local (Trabajo): “Las investigaciones por fraude en bajas laborales se disparan un 200% en Mallorca”.

(2) ULTIMA HORA, 15/02/2026, Palma de Mallorca (https://www.ultimahora.es/).

(3) AC DETECTIVES, Sevilla, 2024. “Los casos más comunes en la investigación privada” (Informe 2016) (https://www.acdetectives.com/casos-comunes-investigacion-privada/).

(4) EL CONFIDENCIAL, 14/02/2026: “Uno de cada cuatro trabajadores declara una enfermedad crónica, el doble que en 2019” por Cristina Dolz, (https://www.elconfidencial.com/economia/2026-02-14/el-26-6-de-los-trabajadores-declaran-enfermedad-cronica_4303099/)

(5) EL CONFIDENCIAL, 06/02/2026: “La Seguridad Social convoca a los agentes sociales por el descontrol de las bajas médicas” por J. Jorrín (https://www.elconfidencial.com/economia/2026-02-06/seguridad-social-convoca-agentes-sociales-descontrol-bajas-medicas_4298747/)

(6) EVALUACION DEL GASTO PÚBLICO. ESTUDIO: INCAPACIDAD LABORAL, AIReF, febrero 2026  (https://www.airef.es/wp-content/uploads/2026/02/SpendingReview-2022-2026-fase-2/SR2226F2_IT.pdf)

FALACIAS COMUNICATIVAS

                Hay que incidir en que los titulares de los medios de comunicación no se diseñan en función de la verdad, sino de la captación subliminal del lector. Mientras en el rotativo clásico en papel (1), el título que aparece es que “Las investigaciones por fraude en bajas laborales se disparan un 200% en Mallorca”, en el diario digital (2), del mismo medio de comunicación, aparece lo siguiente: “Los detectives de Mallorca, desbordados: [ibídem]”. Este afijo resulta muy importante a la hora de aclarar el significado de la oración gramatical, puesto que “Las investigaciones […]”, a secas, inconscientemente nos lleva a pensar en estudios de carácter sociológico. Y una investigación detectivesca tiene un promotor y un interés diferente al de una investigación de carácter social (económica, laboral, jurídica…), aunque ambas puedan tener interpretaciones preconcebidas de las hipótesis, bien por provecho particular, en caso de empresas, o por conveniencia política, en caso de instituciones.

                En este sentido, la raíz de una investigación privada sobre alguien, está promovida, en general, para captar censurables conductas de este mismo investigado. Según AC DETECTIVES (3), en un informe referido a 2016, exponen cuatro campos de trabajo típicos: el primero, referido a los de carácter informático (“…según datos del Ministerio del Interior de 2015, pasaron de 49.935 a 60.154 en un año”); el segundo, sobre el “acoso escolar”; el tercero, al “impago de pensión alimenticia”; y, el cuarto, a “delitos en el seno de las empresas”. En este último epígrafe, el artículo de la web del despacho consultado nos decía, en 2015, que “La situación económica de los últimos años ha afectado internamente a las compañías, provocando un aumento de las investigaciones privadas en este contexto, por hechos como bajas laborales fingidas […]”

                Las bajas por enfermedad, según EL CONFIDENCIAL (4), van aumentando y “se han convertido en una de las principales preocupaciones de las empresas españolas, y las patronales están pidiendo cambios legislativos y en la negociación colectiva para reducir el absentismo. Sin embargo, en medio de la discusión regulatoria, apenas se está analizando si detrás de las cifras hay un deterioro real de la salud de los trabajadores”. En el mismo medio (5), otro articulista hace referencia a un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), AAI (Autoridad Administrativa Independiente): “El secretario de Estado se reunirá el lunes [9 de febrero] con los sindicatos y la patronal tras el informe de la Autoridad Fiscal que culpa a la Seguridad Social de no controlar las bajas médicas”. En realidad, una vez consultado el informe de AIReF (6), el titular de EL CONFIDENCIAL resulta gratuito y licencioso, pues lo que el instituto independiente dice en sus “Propuestas” es que “la gestión de la IT presenta un problema estructural de principal-agente” (verbosidad neoliberal, que no hace más que identificar al administrador principal de una cuerpo estructural; al añadir agente, quiere equipararse al resto de supuestos agentes, promoviendo un sentido democrático de la organización: instituciones, accionistas, funcionarios, empleados, trabajadores…). Señala, además, la Autoridad Independiente, que el INSS “delega la decisión clínica en los médicos de atención primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) (el agente), que no internalizan plenamente el coste económico agregado de dichas decisiones”. Es decir, una vez leídas las “Propuestas” del estudio (6), se observa que el método es estrictamente economicista, siendo que las conductas, tanto institucionales, como profesionales e incluso individuales son las responsables de un exceso de IT; que para la AIRef no es más que un exceso de coste en el presupuesto público.

                La cuestión es que, por parte de este analista, no se pone en duda el coste de salud pública que implica el trabajo; pero otros métodos de estudio necesitan plantearse, diferentes al que propone AIReF, las patronales, las mutuas, las finanzas y otros entes asimilados al análisis economicista de la sociedad. Por ejemplo, el AIRef y otros centros de investigación de carácter económico, no entran a cuestionar la estructura empresarial y sus principios organizativos, así como la capacidad directiva de sus ejecutivos.

                Juan Carlos Cabanach (1), de la Agencia Cabanach (https://detectivescabanach.com/), indica que en su carrera no había “visto nada igual” a lo que ocurre ahora con la investigación de trabajadores en situación de baja: “Hay cadenas con 3.000 empleados y 600 [están] de baja […]”. Si el 20% de una plantilla está de baja, habría que también investigar la dirección, los departamentos de formación e información, los procesos de las tareas y otras cuestiones referidas a la organización y gestión de la empresa. Suponer que el facultativo expide bajas de forma gratuita no resulta ni científico ni razonable.

                Carlos Valencia, otro detective entrevistado por la UH (1), señala: “Podemos decir […] que el 50% de las bajas investigadas son fraudulentas”. A ello, hay que manifestar que un paciente puede sufrir una enfermedad y no cumplir con lo estipulado por el facultativo. Es cierto que debe respetar al especialista sanitario, pero el delito de incumplimiento de las órdenes del médico no puede ser iguales a las de simular una enfermedad frente a su responsabilidad laboral contractual. Por tanto, entiendo que sería ciertamente gratuita la aseveración de este experto.

                En definitiva, estamos ante una entidad con capacidades (la empresa) que atiende su desconfianza, lícita o no, a través de la vigilancia personal del individuo contratado, cuestión ésta que también está sujeta a la responsabilidad del seleccionador de la organización. Y también las mutuas de accidentes, hace ya años, proceden con desconfianza hacia las certificaciones de baja de los facultativos. Es decir, existe una presión clara de reducir las cargas económicas que supone para la seguridad social, las mutuas y las empresas, sin analizar de manera profunda la circunstancia de la baja, presumiendo que el especialista en medicina no ha cumplido con su labor.

                En 2004, según Carlos Valencia (1), “la seguridad social […] dijo que, de cada 1.000 trabajadores, 54 estaban de baja […]”. Con un simple cálculo, observamos que se trata de un 5,4%, inferior al 10%, ratio esta última que consideraría como razonable dada la forma de trabajar de hoy en día, y que no es ahora objeto de este artículo, pero que conlleva elevados trastornos psicológicos, sumados a los ya propios como ciudadano, por razones ilógicas del diseño de tareas y falta de método.

                Asimismo, el mismo experto, afirma que “de hecho, podemos decir que en diez años se han duplicado las bajas […]”, lo que significa una media anual del 10% desde 2015. Y señala que, de 100 bajas, una es falsa. Esto nos señalaría sólo un 1% de fraude, lo que invalida la afirmación que hace más arriba.  Por otra parte, el departamento de trabajo del gobierno balear (Conselleria de Treball) facilita el siguiente cuadro de datos al rotativo (1), sobre las bajas en Baleares: hostelería, el 14%; construcción, el 5,40%; servicios, el 5,61%; industria, el 4,21%; agricultura, el 4,22%; y, entendemos, pesca y otros sectores se llevarían el resto, un 66,56%. ¿Por qué no se detalla este resto?  Por tanto, el cuadro facilitado no puede resultar concluyente.

                Finalmente, el experto en derecho laboral, Pablo Alonso de Caso (1), afirma que “[…] Hay que tener en cuenta que las bajas tienen un filtro de facultativos adscritos al servicio de salud. Así, pues, tienen la mayor objetividad, imparcialidad y asepsia. A todo ello, hay que sumar dos filtros más para detectar ese supuesto fraude laboral: la inspección médica y las propias mutuas”. Con esta afirmación queda, para mí, clara la cuestión. Dudar, en un sentido estructural, del principal agente capacitado para definir el estado de salud de un trabajador, me parece forzado por parte del interesado en sostener las argumentaciones economicistas de cualquier análisis social.

                Y, para acabar, recordar que el concepto de salud de la OMS atiende no sólo a cuestiones físico-orgánicas, sino también psíquicas y sociales. Existe toda una disciplina no sólo sobre la ergonomía, sino sobre la psicología laboral y la socio-psicología, así como a propia sociología, que impugnan científicamente de forma clara la visión economicista que se plantea por algunos agentes (utilizando el término de la AIReF). Es decir, no es la economía, desde un punto de vista humano, el “principal-agente” intelectual del campo laboral.

                Muchas gracias.

DPTO.INVESTIGACIÓN

M.PALOU-BOSCH

HIPATIA C.I.